En América Latina y el Caribe, 72 millones de niños, niñas y adolescentes, es decir 2 de cada 5, viven en situación de pobreza, principalmente poblaciones indígenas y afrodescendientes, y aquellos que viven en áreas rurales y entornos periurbanos. De esta población, 28,3 millones de niños, niñas y adolescentes viven en la pobreza extrema. En la región se han realizado valiosos esfuerzos en el trabajo sobre la inversión pública para el cumplimiento de los derechos de la infancia. Sin embargo, – los avances en el reconocimiento de los derechos de la niñez de los países de la región – expresados en acuerdos supranacionales, normatividad y herramientas de planificación – necesitan tener un correlato de asignaciones presupuestales, con mayor transparencia en las asignaciones y en la ejecución, para atender a cabalidad las demandas de bienes y servicios. Más aún cuando América Latina y El Caribe sigue creciendo económicamente. También es importante que los Gobiernos sean transparentes sobre sus presupuestos y asignación de recursos.

El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación de los Estados Partes de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para movilizar, asignar y usar los recursos públicos, para dar efectividad a dichos derechos, teniendo como marco el principio hasta el máximo de los recursos disponibles. El Comentario General 19 del Comité de los Derechos del Niño estipula que los Estados Partes están obligados a adoptar medidas para generar ingresos y gestionar los gastos de una manera que sea suficiente para dar efectividad a los derechos del niño. Insta a los Estados a producir cambios reales en la manera de confeccionar los presupuestos públicos en todo el proceso presupuestario – planificación, aprobación, ejecución y seguimiento- y enfatiza la importancia de la participación de los niños, niñas y adolescentes en todas las etapas del proceso.

Para lograr una mayor y mejor inversión en niñez se debe promover la transparencia de la información sobre el presupuesto público e inversión en niñez, a través de acceso a sistemas virtuales amigables que incluyan información oficial pertinente, periódica y de calidad. Además, de la vigilancia ciudadana a través de las organizaciones de sociedad civil que deberán incidir para que los gobiernos asignen presupuesto suficiente y equitativo para la niñez y adolescencia, involucrarse en el diálogo político sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hacer vigilancia ciudadana para el cumplimento de la agenda 2030, la resolución del Consejo de Derechos Humanos y el Comentario General 19 relativo a inversión en niñez.