En América Latina y el Caribe se ha identificado desde hace años la necesidad de contar con marcos legales y políticas que garanticen los derechos de la niñez y adolescencia. Este reconocimiento ha dado pie a códigos nacionales de niñez y leyes integrales de promoción y protección de los derechos de la niñez, que contemplan la creación de Sistemas Nacionales de Protección Integral en la gran mayoría de países de la región.

Sin embargo, los avances en materia normativa aún deben traducirse en una implementación más eficiente. Algunos de los desafíos identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre Sistemas Nacionales de Protección son: las debilidades de la rectoría y su rol de articulador y promotor del sistema, así como la necesidad de mejorar los niveles de coordinación entre las instituciones que conforman el sistema; falta de recursos financieros y técnicos y la necesidad de descentralización para que la atención llegue al entorno cercano del niño o niña; déficits en el acceso a información adecuada y necesidad de promoción de la participación de la sociedad civil y los propios niños, niñas y adolescentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en particular el articulo 4 relacionado a las medidas generales de implementación que instan a los Estados garantizar los derechos reconocidos en la Convención a través de leyes, políticas, planes, instituciones, programas, inversión, monitoreo independiente y sobre todo la participación de la sociedad civil y los niños, niñas y adolescentes. Por su parte, el Comité de Derechos del Niño ha señalado que “las medidas generales de aplicación identificadas por el Comité y descritas en la Observación General 5 tienen por finalidad promover el pleno disfrute de todos los derechos reconocidos en la Convención, mediante la promulgación de disposiciones legislativas, el establecimiento de órganos de coordinación y supervisión, tanto gubernamentales como independientes, la reunión de datos de gran alcance, la concienciación, la formación, la formulación y aplicación de las políticas, los servicios y los programas apropiados”.

Un actor clave para promover los avances en la región han sido las organizaciones de sociedad civil quienes, en alianza con organizaciones de cooperación internacional, han protagonizado procesos de cambios legislativos, institucionales y culturales en favor de la niñez y la adolescencia. Hoy el reto es renovar, y fortalecer ese tejido social a fin sostener los avances y evitar los retrocesos. La Sociedad Civil ha tenido también un rol importante en el monitoreo de la aplicación de la Convención a través de informes alternativos al Comité de los Derechos del Niño y también el seguimiento de sus recomendaciones. A nivel regional, se ha contribuido al diálogo político en audiencias públicas de la CIDH y Foros regionales intergubernamentales. Asimismo, un grupo-interagencial, compuesto por Save the Children, Plan International, World Vision y UNICEF, ha desarrollado una herramienta con indicadores para medir el funcionamiento de Sistemas Nacionales de Protección Integral. El Programa de Apoyo a la Sociedad Civil (PASC) trabaja para contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de sociedad civil para favorecer procesos de adecuación normativa e institucional de los sistemas nacionales de garantía de derechos en sus respectivos países, así como favorecer los esfuerzos regionales de incidencia.