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El 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado, recordando que cada minuto, 24 personas en el mundo[1], incluyendo niñas, niños, adolescentes y sus familias, huyen de sus hogares por temor a ser perseguidos, a perder la vida, la libertad o su seguridad a causa de la guerra, la violencia, la violación masiva de sus derechos humanos, o debido a su raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social.
Las medidas tomadas por los Estados de la región como respuesta al control de la pandemia COVID-19, han dejado invisibilizadas a miles de niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados, así como a sus familias, generando un aumento en la pobreza y desigualdad a la que ya venían expuestas y profundizando la violencia y persecución en su contra.
Los riesgos y peligros que enfrentan durante la búsqueda de la supervivencia son innumerables: se enfrentan a la adversidad que impone la geografía y el clima, además de que encuentran graves limitaciones de movilidad y de acceso a sus derechos humanos, discriminación, xenofobia, violencia y crimen organizado, situaciones que atentan contra su vida, dignidad, seguridad, integridad y salud física, sexual, psicológica y emocional.
Con la pandemia del COVID-19, las condiciones de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana se han agudizado. No solamente encontrando fronteras cerradas que les lleva a una mayor precariedad en su proceso migratorio; sino también por procesos administrativos de acceso a protección internacional suspendidos o con poca capacidad de respuesta; así como el considerable aumento del riesgo a su salud física: por contagio y desarrollo de COVID-19, malnutrición o insalubridad, sin acceso a la atención médica oportuna; y por último, con limitada o nula participación en los programas sociales de apoyo ante la pandemia o a la posibilidad de acceder a medios de vida.
En el caso de niñas, niños y adolescentes refugiados, la protección por parte de los Estados debe quedar garantizada de forma integral con los Sistemas Nacionales de Protección de Niñas y Niños, asegurando la asistencia y protección urgente y especial necesaria; así como procedimientos de restitución de derechos a partir del otorgamiento de la protección internacional, con el propósito de brindar a cada niña y niño refugiado, la posibilidad de acceder a derechos como la identidad, la salud, la educación, la vida libre de violencia, la integridad personal, la vida en familia, entre otros, hasta lograr condiciones de vida digna que les permita alcanzar su máximo desarrollo de manera holística.
Finalmente, existen retos importantes en nuestra región dirigidos a la erradicación de prácticas y comportamientos xenófobos y discriminatorios en contra de las personas migrantes y refugiadas.
A pesar de los esfuerzos para buscar la protección y el acceso a derechos de todas las niñas y niños, especialmente quienes se encuentran en contextos de movilidad humana, aún queda mucho trabajo por hacer para que nuestras comunidades reconozcan el valor de todas las personas y su titularidad de derechos humanos, para ser ejercidos y respetados sin discriminación, sobre todo, en el contexto del COVID-19, en el que sufren una doble discriminación, no solamente por ser extranjeros, sino también por la falsa creencia de ser portadores de una enfermedad de la son víctimas como todas las personas.
Por lo anteriormente expuesto, las organizaciones de la sociedad civil firmantes recomendamos muy especialmente a los Estados de la región:
Reiteramos nuestro compromiso como sociedad civil con la respuesta a la crisis de flujos migratorios mixtos en la región, los derechos humanos y los principios humanitarios, poniendo a disposición nuestro soporte, experiencia y conocimientos para trabajar conjuntamente por el bienestar e integridad de las personas más afectadas por la crisis. Confiamos en poder continuar apoyándonos mutuamente desde una estructura equitativa y transparente.
[1] https://www.un.org/es/observances/refugee-day
Organizaciones socias del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil de Save the Children en América Latina y el Caribe
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