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Del 23 de septiembre al 2 de octubre de 2019 se llevó a cabo el 173 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C. Organizaciones socias del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil (PASC) presentaron sus demandas ante la comisión.
La CIDH convocó a un grupo de trabajo para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares para los niños, niñas y adolescentes del Hospital Infantil José Manuel de los Ríos aprobadas en agosto de este año. Cecodap y Prepara Familia presentaron un balance de la situación de los servicios del hospital y propusieron nuevos mecanismos de presión y seguimiento.
Se llevaron más de 20 cartas escritas por niños, niñas y adolescentes, en las que señalan las carencias del hospital en términos de infraestructura, ausencia de equipos y medicamentos, y las demandas sobre los servicios del hospital.
Carlos Trapani, Coordinador General de Cecodap señaló: “El contexto de incumplimiento de las medias cautelares, más la gravedad de la situación en la que se encuentra el hospital, exigen medidas extraordinarias y alternativas que permitan darle respuesta a las necesidades de los niños y niñas”.
Las propuestas de Cecodap y Prepara Familia fueron dar una mayor visibilidad a las medidas cautelares para que el estado se comprometa a cumplirlas, hacer un seguimiento y monitoreo entre Cecodap, Prepara Familia y la CIDH a través de un cuestionario para que todos los actores vinculados al hospital puedan dar sus testimonios. También se propuso gestionar una reunión entre los comisionados, y los niños y niñas que se atienden en el hospital.
Carlos Trapani y Abel Zaraiba de Cecodap hacen un balance de esta reunión en este video.
Por su parte, CIPRODENI, COIPRODEN y RIA expusieron sobre la situación de la niñez migrante en el triángulo norte de Centroamérica y solicitaron a la CIDH interceder para que Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras y Guatemala trabajen en la implementación de políticas que aborden las causas de la migración y fortalezcan los sistemas protección nacionales y transnacional. Así mismo pidieron su intervención para la no aprobación de acuerdos de “País Seguro” en el triángulo norte de Centroamérica.
La CIDH reiteró su compromiso para atender las invitaciones de los Estados para realizar visitas oficiales a las fronteras, y a los países afectados por desplazamientos masivos de niñas, niños y adolescentes; y mostró su apoyo a las peticiones relacionadas al fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Protección como base para un mecanismo transnacional.
Asimismo, El Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de la coalición nacional de Argentina de REDLAMYC presentó la situación de abuso sexual hacia las niñas seguido de embarazo y la negativa de la realización del aborto permitido por la legislación argentina. Las organizaciones argumentaron que el embarazo forzado podría equipararse con actos de tortura contra las niñas, lo que amerita atención y acción por parte del Estado.
Las organizaciones solicitaron que el Estado haga cumplir la ley y adopte medidas para prevenir tanto los casos de violencia sexual como de embarazo forzado. Por su parte, el Estado declaró que está trabajando para reducir la incidencia del embarazo adolescente, además de implementar políticas públicas en la materia.
La CIDH reiteró la urgencia del tema y reafirmó que los Estados deben proporcionar entornos seguros para que las niñas disfruten al máximo de su infancia. Además, la Comisión consideró que la obligación de los Estados de prevenir la violencia sexual y el embarazo forzado en la adolescencia incluye el deber de proporcionar educación sexual a niñas, niños y adolescentes, con contenido apropiado para su nivel de desarrollo y respetando su autonomía.
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