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La Organización de Mujeres por la Paz ORMUSA, promovió junto al Grupo Parlamentario de Mujeres la reforma del artículo 10 de la Ley Especial Integral para una Vida, (LEIV) la reforma responde a las necesidades que existen en cuanto al abordaje de la violencia política contra las mujeres, la cual se da, no solo en procesos de elecciones para cargos públicos, sino en otros espacios donde las mujeres ejercer la participación: en las Asociaciones de Desarrollo Comunales, en las cooperativas, en los sindicatos, en los gremios.
Dentro de los avances de la reforma tenemos
El artículo 10 de la LEIV, en el que estaban descritas las diferentes modalidades de violencia, fue modificado para que incluya la violencia política y sea definida como:
“todas las acciones u omisiones contra las mujeres, realizadas de forma directa o indirecta por razón de género, que causen daño individual o colectivo y que tienen por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y civiles, en cualquier ámbito de la vida política”.
Con la reforma, se entenderán por derechos políticos el derecho de organización, participación en procesos electorales y en órganos de dirección, así como la participación en el desarrollo rural y urbano. La reforma fue aprobada en el pleno este 3 de febrero 2021.
La nueva Sección Especial atribuye nuevas responsabilidades al Tribunal Supremo Electoral, al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), a los Concejos Municipales, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y al Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo.
En este sentido, son incluidas las mujeres no solo en el ejercicio electoral de la política, sino en actividades como trabajo en asociaciones y ADESCOS.
La reforma, en la nueva Sección Especial, incluye que el TSE debe elaborar un protocolo de atención para las mujeres víctimas de violencia política, recopilar información sobre casos, remitir un informe mensual, crear una base de datos de casos, crear campañas de prevención y capacitar a su personal.
El protocolo deberá ser creado en conjunto con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). Esta última deberá, además, crear un programa comunicacional permanente, que impulse campañas de incidencia sobre el respeto al derecho de participación de la mujer en la vida política.
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